| english | español | français | italiano ||
Giacomo Marchetti – Rete dei Comunisti
La orden de prisión preventiva dictada por el GIP de Piacenza -el fiscal había solicitado la prisión preventiva en la cárcel para todos ellos- para 4 dirigentes del SiCobas y 2 de la Unione Sindacale di Base, más las medidas menos aflictivas para la libertad personal, como la prohibición de permanecer en casa y la obligación de firmar por otros dos sindicalistas, es un ataque muy fuerte no sólo a los compañeros individuales y a los dos sindicatos de sindicalismo conflictivo en cuestión, sino a la posibilidad de organización sindical en sí misma y no sólo en el sector de la logística.
Las 350 páginas con las que se “justifican” las medidas y se explicitan los cargos -dos “asociaciones ilícitas” y 150 hechos delictivos concretos- son el resultado de las investigaciones que se iniciaron en 2016, llevadas a cabo tanto por la DIGOS como por la Brigada Móvil de la ciudad emilianense, escuchando a numerosos testigos, haciendo un seguimiento constante de las distintas disputas, con un copioso uso de las escuchas telefónicas.
Violencia privada, sabotaje, resistencia, interrupción de un servicio público y, por supuesto, conspiración criminal “en calidad de dirigentes, promotores y partícipes, organizadores”, son los cargos, algunos de los cuales -excluyendo estos 8 por los que se pidió prisión- afectan a decenas de sospechosos.
El sabotaje, es decir, el bloqueo de una cinta transportadora; la interrupción de un servicio público, es decir, el bloqueo de mercancías en empresas relacionadas con el sistema postal: la resistencia cuando se carga a un piquete son algunos de los delitos que se imputan.
De hecho, se trata de un inmenso archivo de masas ejercido sobre la actividad sindical de los últimos 7 años en el sector de la logística, en los centros de las multinacionales del sector.
La actividad sindical que ha permitido no sólo la mejora concreta de las condiciones laborales de los trabajadores, sino también la aparición del sistema fraudulento de “cambios de contrato” y su cogestión junto con las “falsas cooperativas”, los sindicatos cómplices y la política servil, como si Piacenza fuera ahora una ciudad empresarial en manos de los gigantes de la logística.
Tal vez sea necesario remontarse a la FIAT de Valletta, y luego a la de Agnelli, y a las investigaciones que provocaron un “escándalo” en su momento para poder intentar una comparación de cómo una empresa, en este caso varias empresas, orientaron tan fuertemente una actividad de investigación monstruosa porque veían perjudicados sus propios intereses.
Hacer negocios sin tener que tratar con ninguna entidad organizada que no sea la competencia directa de uno es el mundo ideal de los señores que consideran “normal” recibir cualquier beneficio de los territorios y, sin embargo, pagar impuestos donde les convenga (no faltan los paraísos fiscales incluso en la Unión Europea).
En definitiva, se trata de un “teorema judicial” que se alimenta de unas narrativas bastante sugerentes, nacidas de una clara distorsión semántica entre “agresor y agredido”, que por un lado querría poner una “lápida” a la posibilidad de organización en ese eslabón débil de la cadena de valor en el que la acción de los trabajadores se ha mostrado más incisiva, provocando una propensión a la lucha más avanzada que en otros sectores y, por otra parte, preparar el terreno para un mayor endurecimiento del derecho de huelga, de modo que se convierta en algo “penalmente punible”.
Para la fiscalía y el GIP, las multinacionales de la cadena de valor son la “parte perjudicada”, junto con los miembros individuales de los sindicatos, al menos hasta que se convierten en líderes sindicales.
La lucha de clases para obtener mejores condiciones de trabajo -incluso en caso de cambio de contrato- se convierte en una extorsión, y la huelga en un chantaje a la empresa.
El fomento de la afiliación sindical, el intento de conseguir una mayor representatividad en la empresa y la dialéctica entre los distintos sindicatos -a veces un poco áspera- se convierte en una especie de “choque de organizaciones criminales” con prácticas que rozan el gansterismo
La patronal “exasperada”, para garantizar la paz social, ha tenido que “ceder a las exigencias sindicales”, y como la relación de fuerzas con el crecimiento de la organización colectiva ha relativizado al menos el Extremo Oeste en el que antes podía prosperar el sector, alguien ha pensado que “era necesario dar una señal”, en previsión de un otoño que promete ser mucho más caluroso que este abrasador verano.
El mensaje de fondo que quieren transmitir es que los militantes sindicales, especialmente los conflictivos, y las organizaciones que dirigen, son básicamente organizaciones con ánimo de lucro que se aprovechan de las empresas y de los afiliados individuales, no muy diferentes -salvo por la ausencia total de oposición a las empresas- de esos paquidérmicos aparatos sindicales concertados donde prospera la corrupción en detrimento de los afiliados y el servilismo a las empresas y a los palacios del poder (Draghi a la cabeza, últimamente).
El GIP habla varias veces de “instrumentalización de los trabajadores inconscientes”, como si se tratara de una masa amorfa de crédulos engatusados por dirigentes sindicales sin escrúpulos, y no de trabajadores que decidieron emprender formas de lucha duras porque eran los únicos incisivos en una industria en la que las condiciones de trabajo eran muy malas y el respeto a los contratos una quimera, arriesgando su propia seguridad -incluso su vida, como se ha visto en los casos de Abd Elsalam y Adil Belakhdim- espoleados por luchas similares, cuyos resultados querían emular.
Hay un cierto imaginario desviado en la narrativa que se está vendiendo (y los medios de comunicación de la patronal están ahí para megafonía) en las justificaciones que rodean este gravísimo acto contra el “nuevo movimiento obrero”.
Una “inspiración literaria” que parece inspirarse en las Leyes de la Unión Penal de la segunda década del siglo XX en Estados Unidos durante el “Red Scare”, o incluso en los conocidos “teoremas judiciales” promovidos por una parte de la judicatura, una y otra vez, en nuestro desgraciado país.
Frente a todo esto, las huelgas proclamadas en el sector de la logística desde la medianoche del 19 de julio -y las espontáneas ya puestas en marcha el mismo día-, las iniciativas locales y la manifestación nacional de este sábado por la tarde en Piacenza son una primera respuesta para que esta investigación se convierta en un caso de libro sobre la heterogeneidad de los fines de la lucha de clases desde arriba, y la anticipación de un nuevo ciclo de luchas.
